La crisis de personas desaparecidas en México ha llegado, en 2026, a un punto que organismos de derechos humanos de la ONU describen en términos que rara vez se usan: no solo como una emergencia humanitaria, sino como una situación que podría constituir crímenes de lesa humanidad.
Lo que reportan las cifras oficiales
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza actualmente más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas en el país. A la par, las autoridades han identificado más de 4,500 fosas clandestinas, que contienen más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos adicionales — y se estima que hay unos 72 mil restos humanos aún sin identificar en instalaciones forenses de todo el país.
La decisión histórica del Comité contra las Desapariciones Forzadas
En marzo de 2026, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) tomó una decisión que no tiene precedente en el caso mexicano: invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este artículo permite que el Comité, cuando recibe indicios suficientes de que las desapariciones se cometen de forma generalizada o sistemática en un país, remita el caso a la Asamblea General de la ONU para su atención urgente.
El Comité concluyó que existen indicios suficientes de que las desapariciones en México se han cometido de manera generalizada y sistemática, y que podrían constituir crímenes de lesa humanidad conforme al derecho internacional — una valoración que el gobierno mexicano calificó públicamente de “tendenciosa y parcial”.
Lo que la ONU pide a los gobiernos
Las recomendaciones del Comité no son abstractas. Piden específicamente:
Brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en búsqueda, análisis forense e investigación — reconociendo que la capacidad forense actual del país está desbordada frente al volumen de restos sin identificar.
Establecer un mecanismo eficaz e independiente para esclarecer la verdad, y para proteger a las familias buscadoras y a los colectivos y defensores que las acompañan — un punto sensible, ya que varios integrantes de colectivos de búsqueda han sido agredidos o asesinados en los últimos años.
En septiembre de 2026, organizaciones civiles, colectivos de familiares y personas expertas enviaron una propuesta formal a la Asamblea General de la ONU para que se defina, dentro de la Tercera Comisión, un procedimiento concreto de seguimiento a estas recomendaciones — es decir, que no se queden solo en un informe, sino en una obligación con plazos y mecanismos de rendición de cuentas.
La llamada de atención
Lo relevante de este proceso no es solo el diagnóstico —que las familias buscadoras y los colectivos han documentado durante años por su cuenta, muchas veces sin apoyo institucional— sino que ahora es un organismo internacional, con un procedimiento formal ante la Asamblea General de la ONU, el que está señalando que las acciones del Estado mexicano hasta ahora han sido insuficientes frente a la magnitud del problema. Es, en los hechos, un llamado de atención directo: no solo se pide más presupuesto o más personal, se está pidiendo que el fenómeno se reconozca, en su verdadera dimensión, como una crisis sistémica que requiere una respuesta al mismo nivel.
Fuentes
- OHCHR — “México: Un comité de la ONU solicita a la Asamblea General que examine la situación de las desapariciones forzadas”
- Proceso — “Desapariciones forzadas en México alcanzan niveles de crímenes de lesa humanidad: ONU”
- Infobae — “Organizaciones piden a la ONU definir un mecanismo urgente contra las desapariciones forzadas en México” (2 sep 2026)
- El Financiero — “México ‘le echa bronca’ a la ONU por informe sobre personas desaparecidas”
- Agenda Estado de Derecho — “Desapariciones generalizadas y sistemáticas en México: un llamado urgente a la acción de la Asamblea General”