Un análisis de Consilium — tercera y última entrega de una serie de 3
En las dos entregas anteriores vimos casi 40 años de programas sociales en México —de Pronasol a los programas para el Bienestar— y comparamos, programa por programa, qué tan bien funcionaron. Cerramos la serie con dos temas que cualquier análisis honesto debe abordar: quién mide estos resultados, y el cambio legal más importante de toda esta historia.
Un matiz importante: ¿quién mide estos resultados?
Hasta 2024, quien medía la pobreza en México era el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), un organismo dedicado exclusivamente a esa tarea, con un consejo de seis académicos independientes elegidos por concurso público. En 2024, el Congreso decidió eliminar al CONEVAL como organismo autónomo y trasladar esa función al INEGI.
Es justo aclarar que el INEGI no es cualquier oficina de gobierno: tiene autonomía técnica reconocida en la Constitución, similar a la que tiene el Banco de México, y no recibe instrucciones directas del presidente. No sería correcto decir simplemente que “ahora el gobierno mide sus propios resultados”. Dicho esto, sí es cierto que se perdió algo valioso: un organismo pensado exclusivamente para vigilar la política social, con especialistas dedicados solo a eso. El INEGI hace muchas otras cosas además de medir pobreza, y no tiene ese mismo diseño enfocado.
¿Significa esto que las cifras de 2024 en adelante están manipuladas? No hay ninguna evidencia de que así sea, y este análisis no lo afirma. Lo que sí vale la pena señalar, con toda honestidad, es un principio simple que aplica en cualquier país y bajo cualquier gobierno: mientras más cerca esté quien mide un resultado de quien lo produce, más importante es revisar esos datos con cuidado extra. No es una acusación; es una buena práctica de lectura crítica que recomendaríamos sin importar qué partido estuviera en el poder.
México no fue el único: un vistazo al resto del mundo
Estos programas no se inventaron en México. Desde los años noventa, países como Brasil (Bolsa Família), Chile (Chile Solidario) y Colombia (Familias en Acción) adoptaron esquemas parecidos de dinero a cambio de mandar a los hijos a la escuela y cuidar su salud, muchas veces con el apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que promovían este modelo como una forma más eficiente de combatir la pobreza que dar subsidios generales (por ejemplo, a la gasolina o los alimentos, sin importar quién los recibiera).
El giro mexicano hacia los apoyos universales después de 2018, en cambio, se parece más a las pensiones no contributivas que ya existen en algunos países europeos y en Chile (que reformó su propia pensión básica solidaria en 2008) que al modelo focalizado que dominó América Latina en los noventa.
El cambio más importante: de “programa” a “derecho” (2024)
Y llegamos al giro que hace diferente a esta etapa de todas las anteriores. No fue un cambio de nombre ni de diseño, fue un cambio legal.
El 5 de febrero de 2024, el entonces presidente López Obrador presentó una propuesta para reformar los artículos 4º y 27 de la Constitución. El Congreso la aprobó, la mayoría de los congresos estatales la ratificaron, y quedó publicada oficialmente ese mismo año. Desde entonces, la Constitución dice, entre otras cosas, que:
- Las personas mayores de 65 años tienen derecho a una pensión, en los términos que fije la ley.
- Las personas con discapacidad permanente menores de 65 años tienen derecho a una pensión.
- El Estado debe garantizar becas para estudiantes de familias en pobreza, en todos los niveles educativos.
¿Por qué importa la diferencia entre “programa” y “derecho”? Porque cambia por completo qué tan fácil es quitarlo:
- Un programa de gobierno existe porque el presidente en turno decide incluirlo en el presupuesto cada año. Se puede reducir, rediseñar o cancelar con una simple decisión administrativa, como pasó varias veces entre 1988 y 2018.
- Un derecho constitucional solo se puede modificar o eliminar con el mismo procedimiento que se usó para crearlo: una reforma a la Constitución, que necesita el voto de dos terceras partes del Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. Ni un presidente, ni un senador, ni un diputado —solos, o incluso con la mayoría simple de su propia cámara— pueden eliminarlo por decreto o simplemente dejando de incluirlo en el presupuesto.
A esto se suma un principio del derecho internacional de los derechos humanos, ya reconocido también en México: una vez que el Estado otorga un derecho social, no puede reducirlo hacia atrás salvo que demuestre, con razones muy sólidas, que es necesario, proporcional y temporal. En otras palabras: hasta una futura reforma constitucional que quisiera reducir estos derechos tendría que cumplir un estándar más alto que el que se necesita para crear o ajustar un programa cualquiera.
¿Por qué te importa esto a ti?
Este análisis no busca decir si estos programas son la mejor política social posible para México, ni opinar sobre sus montos o su cobertura —son temas legítimamente debatibles y los propios datos que revisamos en esta serie dejan ver claroscuros—. Lo que sí es un hecho verificable, y por eso te lo compartimos como despacho de consultoría jurídica: desde 2024, la continuidad de estos programas específicos ya no depende de quién gane la próxima elección, ni de qué partido tenga mayoría en el Congreso en un momento dado. Depende de un proceso deliberadamente diseñado para ser más difícil que una decisión de un solo gobierno.
Para las familias que dependen de estos apoyos —y para cualquier persona o despacho que las asesore—, entender esta diferencia es entender qué tan protegido está, hoy, un ingreso del que dependen millones de personas.
Con esto cerramos la serie de 3 partes. Si te la perdiste completa, puedes encontrar las otras entregas en nuestro blog.
Consilium es una consultoría jurídica especializada en análisis de expedientes y estrategia procesal. Si tienes dudas sobre cómo estos u otros derechos constitucionales aplican a tu caso, contáctanos.
Fuentes consultadas en esta entrega:
- Reforma — “Asume el Inegi mediciones del Coneval”
- Serendipia — “Coneval desaparecerá: INEGI asumirá la medición de pobreza”
- Expansión Política — “Inegi no está listo para medir la pobreza si desaparece Coneval, dicen expertos”
- Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 23 de octubre de 2024
- Comunicación Social, Cámara de Diputados — “Publica DOF reformas a los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política en materia de bienestar”
- Programas para el Bienestar (gob.mx) — “Programas para el Bienestar se consolidan: ya son derechos plasmados en la Constitución”