México supera ya las 135,048 personas registradas como desaparecidas o no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (junio de 2026). Es una cifra que se ha multiplicado varias veces desde 2015, cuando los primeros conteos académicos hablaban de 25 mil a 30 mil casos. Detrás de cada número hay una familia que, en la mayoría de las situaciones, tuvo que salir a buscar por su cuenta.
Quién sale a buscar cuando el Estado no llega
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que nació en 2015, agrupa hoy a más de 80 colectivos en 24 estados del país y en tres países de Centroamérica. Desde 2019, las madres y familias buscadoras han localizado —sin vida— a 1,230 personas en fosas clandestinas mediante búsquedas independientes, muchas veces antes o al margen de que la autoridad actuara.
Para lograrlo, quienes buscan han tenido que volverse expertas de manera improvisada: aprenden de leyes, de identificación de restos, de técnicas de excavación y de investigación forense, además de sostenerse emocionalmente unas a otras. Es un trabajo que exige conocimientos técnicos que, en cualquier otro país, corresponderían por completo al Estado.
El costo de esa labor es alto. Solo en 2025 se documentaron al menos 7 asesinatos de personas buscadoras, además de amenazas, desplazamiento forzado, extorsión y estigmatización. Una de cada dos buscadoras ha sufrido revictimización por parte de las propias autoridades, e incluso de su comunidad o su familia. Los retos son todavía mayores para las mujeres buscadoras indígenas y para las familias de personas migrantes desaparecidas, que enfrentan barreras adicionales de idioma, distancia y falta de reconocimiento legal en el país donde buscan.
Pese a que la ley general prohíbe condicionar una denuncia de desaparición a que pase un plazo determinado, sigue documentándose que algunas fiscalías piden esperar 72 horas antes de recibirla — una práctica contraria tanto a la ley mexicana como a los estándares internacionales de búsqueda inmediata.
El marco legal: qué obliga a las autoridades
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (2017) nació impulsada por las propias familias. Creó el Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y las comisiones locales de búsqueda en cada estado, con el objetivo de coordinar los recursos del Estado mexicano para encontrar a las personas con vida como primera hipótesis.
La misma ley obliga al Sistema Nacional de Búsqueda a emitir el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualizado en diciembre de 2025. Es un instrumento de cumplimiento obligatorio para cualquier servidor público cuya colaboración sea necesaria para una búsqueda, y se diseñó como una herramienta independiente del protocolo de investigación penal, precisamente para que la búsqueda de la persona no dependa de los tiempos de una carpeta de investigación.
Una geografía muy distinta según la región
México no tiene un solo escenario de búsqueda: tiene muchos. Entre 2006 y 2024, Guerrero encabeza el registro nacional de hallazgos de fosas clandestinas documentados por medios de comunicación, con 416 sitios, y Acapulco es el municipio con más hallazgos del país (189). Le siguen Veracruz (400 fosas), Sonora (381), Guanajuato (294) y Jalisco (263).
Cada uno de esos lugares exige algo distinto de quien busca. No es lo mismo excavar en el desierto de Sonora, con su ritmo propio de descomposición y sus distancias enormes entre comunidades, que documentar hallazgos en zonas de montaña o selva en el sur, o buscar en el trazado denso de una ciudad. Las regiones fronterizas suman otra capa de dificultad, porque la coordinación entre autoridades de distintos estados —o de distintos países— rara vez es fluida.
Personas migrantes: una crisis dentro de la crisis
Se estima que entre 72 mil y 120 mil personas migrantes, en su mayoría centroamericanas, desaparecieron en territorio mexicano entre 2006 y 2016. Ante políticas migratorias cada vez más restrictivas, muchas personas recurren a rutas irregulares donde quedan expuestas a extorsión, secuestro, abuso sexual, trabajo forzado y, en los casos más graves, a la muerte a manos de grupos criminales o de agentes del propio Estado.
Desde 2016 existe el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI), que permite a las familias presentar una denuncia desde las embajadas y consulados de México en su país de origen, sin tener que viajar hasta territorio mexicano. Es un avance importante, pero la falta de coordinación entre países y las trabas burocráticas siguen frenando buena parte de las identificaciones.
La crisis forense detrás de las cifras
El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana calcula que los servicios médicos forenses del país conservan alrededor de 83 mil restos humanos sin identificar. Las familias han exigido durante años un Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) que conecte la información genética y dactilar entre estados; a la fecha, su puesta en marcha sigue sin la interoperabilidad prometida.
La Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas ha documentado prácticas que agravan el problema: cremaciones realizadas sin registro dactilar previo, destrucción de la ropa que podría servir para reconocer a una persona, e incluso bajas del registro nacional de personas desaparecidas sin que en realidad hayan sido localizadas.
Lo que piden los organismos de derechos humanos
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) han evaluado la crisis mexicana y coinciden en varios puntos: estandarizar los registros estatales para que sean interoperables a nivel nacional, garantizar que las familias sean consultadas antes de cualquier estrategia de búsqueda masiva, dar autonomía técnica y funcional real a los servicios forenses, y crear una norma nacional de entrega digna de cuerpos que respete los ritos y costumbres propios de cada comunidad.
Cómo mejorar los protocolos tomando en cuenta la diversidad de México
Un solo protocolo nacional, aplicado de la misma forma en todo el país, difícilmente puede responder a una realidad tan distinta de norte a sur. De los propios diagnósticos de organismos de derechos humanos, colectivos y expertos forenses se pueden extraer líneas concretas de mejora:
- Adaptar la técnica al terreno. Buscar en el desierto no es lo mismo que buscar en selva, montaña o ciudad; los tiempos de descomposición, la vegetación y la logística cambian por completo, y los protocolos de exhumación deberían reconocerlo en lugar de aplicar un solo método a todo el territorio.
- Reforzar la coordinación transfronteriza. Tanto entre estados vecinos como con los países de origen de las personas migrantes, para que un hallazgo en un lado de la frontera se cruce de inmediato con los registros del otro lado.
- Incorporar una perspectiva intercultural real. Traductores y peritos capacitados para trabajar con comunidades indígenas, y protocolos de entrega de cuerpos que respeten los ritos funerarios propios de cada pueblo, en lugar de un procedimiento único pensado desde el centro del país.
- Dar protección real a los colectivos, no solo reconocimiento. Mecanismos de protección que de verdad funcionen para buscadoras amenazadas, y financiamiento para las brigadas de búsqueda que hoy se sostienen, en buena medida, con recursos propios de las familias.
- Conectar, por fin, los datos forenses. Un Banco Nacional de Datos Forenses que realmente cruce información entre estados evitaría que un cuerpo identificable en una entidad permanezca sin nombre por no cruzarse con los registros de otra.
El papel del acompañamiento legal
Para una familia que enfrenta la desaparición de alguien, la primera hora importa tanto como la primera semana. Contar con acompañamiento legal ayuda a exigir que la denuncia se reciba de inmediato —sin condicionarla a ningún plazo—, a solicitar la activación de los mecanismos de búsqueda urgente que la ley ya contempla, a dar seguimiento formal ante la Comisión Local de Búsqueda correspondiente, y a conocer los derechos que la Ley General de Víctimas otorga a quien busca a alguien.
En CONSILIUM sabemos que ninguna asesoría sustituye la fuerza de un colectivo ni el dolor de una familia que busca. Pero un acompañamiento legal claro, oportuno y humano puede marcar la diferencia entre una denuncia que se atiende desde el primer día y una búsqueda que empieza tarde. Si necesitas orientación sobre los pasos legales para exigir una búsqueda inmediata, contáctanos por WhatsApp o agenda una Consulta Express.