La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene sobre la mesa uno de los debates más importantes de la justicia penal mexicana: si la prisión preventiva oficiosa —la figura que obliga a un juez a encarcelar de inmediato a una persona acusada de ciertos delitos, sin analizar si realmente representa un riesgo— debe seguir existiendo tal como está en la Constitución.
Dos sentencias de la CIDH pusieron el tema en la mesa
El debate surge porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado a México en dos casos concretos. En el caso Tzompaxtle Tecpile, tres hombres fueron detenidos en Veracruz, pasaron meses bajo arraigo y más de dos años en prisión preventiva, para al final ser declarados inocentes. En el caso García Rodríguez, dos personas acusadas de homicidio pasaron 17 años presas sin que un juez dictara sentencia. En ambos casos, la CIDH concluyó que encarcelar automáticamente, sin evaluar el caso concreto, viola la presunción de inocencia y ordenó a México modificar su Constitución.
El dilema: la Constitución contra los tratados internacionales
El artículo 19 de la Constitución mexicana obliga a los jueces a enviar a prisión, de manera automática, a quien sea acusado de delitos como homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada o robo de casa habitación, entre otros. Los tratados internacionales que México ha firmado dicen lo contrario: que un juez debe analizar caso por caso si existe riesgo real de fuga o de daño a la víctima antes de ordenar la prisión. La SCJN tiene que decidir cómo armonizar ambos mandatos, y ya emitió un primer pronunciamiento en el que advirtió que el catálogo de delitos del artículo 19 no puede ampliarse por la vía de leyes secundarias usando conceptos vagos como “seguridad nacional”.
Este debate no es solo teórico: hoy existen miles de personas en México privadas de su libertad sin que exista todavía una sentencia en su contra. Si te enfrentas a un proceso penal o tienes un familiar en esta situación, es fundamental entender qué opciones legales existen para solicitar la revisión de la medida cautelar. En CONSILIUM analizamos tu expediente y te explicamos, en lenguaje claro, cuáles son tus alternativas.