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Once años: crónica de la Independencia de México

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Una narración histórica fiel a los hechos

Hay guerras que empiezan con un cañonazo y terminan con una firma. Esta empezó con el repique de una campana de pueblo y terminó, once años después, con un abrazo entre dos hombres que se habían odiado. En medio, hubo hambre, traición, fusilamientos, prisiones de las que se escapaba una y otra vez, una expedición armada desde Londres, cartas cruzadas entre continentes, y una idea —la de que América ya no le pertenecía a nadie más que a sí misma— que ningún ejército pudo matar del todo, aunque lo intentó muchas veces y de muchas maneras. Esta es esa historia, contada de principio a fin, con el mayor detalle posible y sin agrandar a nadie: ni a los héroes que la protagonizaron ni a los villanos que intentaron impedirla. Solo los hechos, tal como los registraron quienes los vivieron, los sufrieron o los observaron desde lejos.

I. El virreinato que parecía sólido

Para entender por qué estalló la guerra hay que empezar por un número: 2,282. Esos eran, según el Censo de Revillagigedo, todos los médicos disponibles para atender a los cerca de 12.6 millones de habitantes de la Nueva España a comienzos del siglo XIX. De ellos, unos 8 millones no sabían leer ni escribir. El virreinato era, al mismo tiempo, una de las regiones más ricas del planeta y una de las más desiguales. El explorador prusiano Alexander von Humboldt, que recorrió estas tierras entre 1803 y 1804 con instrumentos científicos y una curiosidad casi obsesiva por medirlo todo, quedó tan impresionado por sus minas de plata que llamó a la Nueva España “el cofre del tesoro del mundo” en su Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, publicado por primera vez en 1811. Pero el mismo Humboldt, con la frialdad de un científico que solo confía en los datos, anotó algo incómodo: esa riqueza estaba repartida de una manera brutal, y esa desigualdad —advirtió, casi como una profecía— era socialmente peligrosa.

La sociedad novohispana estaba organizada como una pirámide de castas, un sistema jurídico y social que llevaba tres siglos perfeccionándose. En la cúspide estaban los peninsulares: españoles nacidos en España, que ocupaban casi todos los puestos de gobierno, del ejército y de la alta jerarquía eclesiástica, aunque representaban una fracción mínima de la población total. Un peldaño abajo, los criollos: hijos de españoles pero nacidos en América, muchas veces con estudios universitarios, con propiedades, con capital, pero excluidos sistemáticamente de los cargos de mayor poder por el simple hecho de haber nacido “del otro lado del mar”. Más abajo todavía, mestizos, indígenas y personas de origen africano, con derechos cada vez más recortados por leyes y costumbres acumuladas durante generaciones. Un hacendado criollo con estudios universitarios y varias generaciones de arraigo en estas tierras podía ver, con resentimiento creciente, cómo un recién llegado de España, sin experiencia local ni conocimiento del territorio, era nombrado virrey o intendente por encima de él, solo por haber nacido en la península. Ese agravio, acumulado durante generaciones, fue el combustible social de todo lo que vendría después.

A ese malestar interno se sumó, desde finales del siglo XVIII, la circulación de ideas ilustradas entre los criollos con acceso a la educación. Publicaciones científicas, gacetas y correspondencia con Europa fueron sembrando, poco a poco, una conciencia de identidad “americana” distinta de la española: la sensación, cada vez más extendida entre la élite criolla, de que Nueva España no era simplemente una prolongación de España, sino algo con personalidad propia. Esa conciencia identitaria, todavía difusa en 1800, sería uno de los ingredientes silenciosos de la explosión de 1810.

II. Un rey secuestrado y un trono vacío

El detonante final, sin embargo, no nació en América sino en Europa. En 1808, Napoleón Bonaparte engañó a la familia real española: convocó a Carlos IV y a su hijo Fernando VII a la ciudad francesa de Bayona y los obligó, uno tras otro, a abdicar el trono en su favor. Napoleón se lo entregó después a su propio hermano, José Bonaparte, quien reinaría en España, de manera impuesta, como José I. España, de la noche a la mañana, se quedó sin un rey legítimo dentro de su propio territorio, y el pueblo español se levantó en armas para resistir la ocupación francesa, iniciando la que la historia conoce como la Guerra de la Independencia española.

La crisis cruzó el océano casi de inmediato. Si el rey de España había sido, en los hechos, secuestrado, ¿quién gobernaba entonces la Nueva España? Algunos criollos ilustrados vieron ahí una oportunidad histórica: si no había rey legítimo, argumentaban, la soberanía regresaba transitoriamente al pueblo, que podía formar sus propias juntas de gobierno mientras se resolvía la crisis en la península, tal como estaban haciendo varias ciudades españolas. En la Ciudad de México, el virrey José de Iturrigaray llegó a mostrarse receptivo a esa idea de una junta autónoma novohispana. Pero el proyecto fue aplastado en 1808 por un golpe de los peninsulares más conservadores y los grandes comerciantes españoles asentados en la capital, que veían en cualquier junta autónoma una amenaza directa a su control económico y político. Iturrigaray fue depuesto y arrestado. Ese golpe cerró de manera definitiva la puerta al cambio pacífico. Lo que vendría después tendría que llegar, inevitablemente, por la vía de las armas.

III. La noche de las campanas

La conspiración que terminaría por encender la guerra se fraguó en Querétaro. Un grupo de criollos con posición social y económica —el corregidor Miguel Domínguez, su esposa Josefa Ortiz, el capitán de milicias Ignacio Allende, los hermanos Juan e Ignacio Aldama— se reunía en secreto, con el pretexto de tertulias literarias, para planear un levantamiento armado. A ellos se sumó el cura de un pueblo llamado Dolores: Miguel Hidalgo y Costilla, de 57 años, hombre culto, con inquietudes económicas y sociales poco comunes para el clero rural de su época, que en su parroquia había impulsado talleres de alfarería, curtiduría y viticultura entre sus feligreses, en abierta violación de las restricciones económicas que la Corona imponía a la industria colonial para proteger el comercio peninsular.

El plan original era alzarse en armas el primero de octubre de 1810, aprovechando una feria regional que reuniría a mucha gente. No llegaron a esa fecha. El 13 de septiembre, un infiltrado informó a las autoridades virreinales sobre la existencia de la conspiración. Josefa Ortiz, prácticamente vigilada en su propia casa por orden de su esposo el corregidor —quien, al enterarse de la delación, se vio obligado a fingir que colaboraba con las autoridades para no comprometerse—, encontró de todos modos la manera de hacer llegar el aviso a los insurgentes a través de un mensajero. Ignacio Allende llegó a Dolores a las dos de la madrugada del 16 de septiembre para avisar a Hidalgo que todo había sido descubierto y que el arresto de los conspiradores era inminente. Ante el riesgo de perderlo todo, Hidalgo tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de un continente: no esperar ni un día más.

Todavía de madrugada, el cura subió a la torre de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores e hizo repicar las campanas. Cientos de personas, confundidas y a medio despertar, acudieron al llamado, pensando quizá en un incendio o en una misa de urgencia. Desde el atrio de la iglesia, Hidalgo habló a su feligresía, acusando al gobierno virreinal de haber traicionado a España al someterse, en los hechos, a los franceses que habían depuesto a Fernando VII. Las palabras exactas que pronunció esa noche no quedaron registradas con precisión —los historiadores llevan dos siglos discutiendo su formulación exacta, y no existe ningún documento contemporáneo que las haya transcrito con fidelidad—, pero la tradición oral conserva un núcleo constante: gritó vivas a la América y mueras al mal gobierno. Lo que sí sabemos con certeza es lo que ocurrió después: esa madrugada, una conspiración de sobremesa entre criollos acomodados se convirtió, en cuestión de horas, en un ejército popular armado sobre todo con machetes, hondas, palos y lanzas improvisadas, porque las armas de fuego escaseaban.

Ese ejército tomó la ciudad de Guanajuato apenas doce días más tarde, el 28 de septiembre. Ahí ocurrió uno de los episodios más recordados de toda la guerra: el asalto a la Alhóndiga de Granaditas, un granero público fortificado donde se habían refugiado las autoridades realistas y las familias españolas más pudientes de la ciudad, junto con buena parte del tesoro real. Un joven minero llamado Juan José de los Reyes Martínez, apodado “El Pípila”, se cubrió la espalda con una losa de piedra para protegerse de los disparos que caían desde las azoteas y logró llegar hasta la puerta de madera del edificio para prenderle fuego con una tea, permitiendo así la entrada masiva de los insurgentes. Fue una victoria militar contundente, pero también un episodio de violencia descontrolada: los insurgentes, sin disciplina militar todavía, mataron indiscriminadamente a cientos de personas atrincheradas, incluidas mujeres y niños, en un saqueo que horrorizó incluso a algunos de los propios jefes insurgentes. Ese saldo de violencia fue algo que el movimiento tendría que ir corrigiendo con el paso de los meses si quería presentarse ante la opinión pública, novohispana y extranjera, como algo más que una turba armada y vengativa.

Hidalgo no llegaría a ver el final de la guerra que había encendido. Tras una serie de derrotas militares frente a tropas realistas mejor entrenadas, fue capturado en 1811 junto con Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez en un lugar llamado Acatita de Baján, traicionado por uno de sus propios oficiales que negoció su entrega a cambio de clemencia. Los cuatro fueron trasladados a Chihuahua, sometidos a un proceso tanto militar como inquisitorial —a Hidalgo se le degradó primero de su condición sacerdotal, en una ceremonia humillante, antes de ser entregado al brazo militar para su ejecución— y fusilados entre junio y julio de ese mismo año. Sus cabezas fueron colocadas en jaulas de hierro y exhibidas durante diez años en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas —el mismo edificio que habían tomado meses antes— como advertencia pública para cualquiera que pensara en seguir su ejemplo. La advertencia no funcionó. La insurgencia, para entonces, ya tenía otro líder esperando en el sur: un antiguo alumno de Hidalgo, cura de una parroquia pobre, llamado José María Morelos.

IV. El cura que se convirtió en estratega

Morelos había nacido el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid —hoy Morelia—, hijo de un carpintero de recursos modestos. Trabajó de arriero, transportando mercancías a lomo de mula por caminos de la región, antes de poder costear estudios de teología y ordenarse sacerdote ya adulto, a los 33 años, destinado a una parroquia pobre del sur del país. Cuando se unió a Hidalgo en octubre de 1810, este le encomendó una misión concreta y ambiciosa: levantar la insurgencia en la región del Pacífico sur y tomar el estratégico puerto de Acapulco. Nadie, ni sus propios superiores eclesiásticos, esperaba que ese cura de pueblo, sin formación militar formal, resultara ser un genio estratégico autodidacta.

En apenas cinco años, Morelos dirigió cuatro campañas militares sucesivas que pusieron en jaque al gobierno virreinal en una escala que Hidalgo nunca había alcanzado. El episodio que mejor retrata su capacidad militar es el sitio de Cuautla, entre febrero y mayo de 1812: durante 72 días, sus tropas resistieron el cerco de un ejército realista muy superior en número, comandado por el temido brigadier Félix María Calleja, el mismo que había derrotado a Hidalgo. Cuando la comida y el agua se agotaron dentro de la plaza sitiada, y los insurgentes llegaron a comer cueros de animales hervidos y raíces para sobrevivir, Morelos no se rindió. Organizó una fuga nocturna coordinada, dividiendo a sus tropas en columnas para confundir al enemigo, y logró sacar con vida a buena parte de sus fuerzas, convirtiendo lo que pudo ser una derrota aplastante en una hazaña que multiplicó su prestigio entre los insurgentes y su fama —cargada de respeto involuntario— entre sus propios enemigos.

Pero el aporte más duradero de Morelos no fue militar, sino político. En 1813 convocó el Congreso de Anáhuac, reunido en Chilpancingo, con un objetivo ambicioso: dejar de improvisar la guerra campaña a campaña y darle a la futura nación un proyecto escrito, coherente, con instituciones propias. El 14 de septiembre de 1813 presentó ante ese Congreso un documento breve pero explosivo: los Sentimientos de la Nación, veintitrés puntos que resumían, en esencia, el primer borrador de lo que México quería llegar a ser. El punto 1 declaraba que “la América es libre e independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía”. El punto 5 proponía dividir el poder en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, una idea tomada de los pensadores ilustrados europeos pero aplicada, por primera vez, a un proyecto de nación mexicana concreto. El punto 12 pedía moderar “la indigencia y la opulencia”, es decir, reducir la brecha entre ricos y pobres. Y el punto 15, quizá el más recordado, proscribía para siempre la esclavitud y la distinción de castas: “quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud”. En un país construido durante tres siglos sobre jerarquías de sangre y color de piel, esa sola frase era, literalmente, revolucionaria, y se adelantaba varias décadas a procesos similares en otras partes del continente.

Un año después, el 22 de octubre de 1814, el mismo Congreso —ya en fuga constante por el acoso militar realista, que lo obligó a trasladarse de Chilpancingo a Apatzingán en un periplo de meses, sesionando muchas veces sobre la marcha, en carretas o improvisando salones en haciendas abandonadas— sancionó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como la Constitución de Apatzingán. Con 242 artículos, fue la primera constitución propiamente mexicana, e incorporaba buena parte del espíritu de los Sentimientos de la Nación: soberanía popular, división de poderes, igualdad ante la ley. Nunca llegó a aplicarse de verdad como marco de gobierno funcional: el territorio controlado por los insurgentes se reducía cada vez más frente al avance realista, y la captura de Morelos, al año siguiente, dejó al proyecto sin la figura política que lo sostenía.

El 5 de noviembre de 1815, en un lugar llamado Temalaca, tropas realistas al mando de Manuel de la Concha alcanzaron a Morelos, que había ordenado a su escolta proteger la huida de los miembros del Congreso mientras él mismo, ya con la salud deteriorada por años de campaña, cubría personalmente la retirada. Fue superado en número y hecho prisionero por Matías Carrasco, un antiguo insurgente que ahora combatía del lado realista. Lo trasladaron de inmediato a San Cristóbal Ecatepec, donde se le formularon tres procesos distintos —uno militar por rebelión, otro de la Inquisición que lo declaró hereje, y un tercero eclesiástico que lo degradó de su condición sacerdotal en una ceremonia pública—, y se le condenó a muerte. Las campanas de una iglesia cercana sonaron a las tres de la tarde del 22 de diciembre de 1815. Su custodio, el mismo Manuel de la Concha que lo había capturado semanas antes, entró por él. Morelos salió del cuarto sin oponer resistencia, caminó hasta el lugar de la ejecución, abrazó al hombre que lo había custodiado, y el pelotón disparó. Tenía 50 años.

V. El heredero del perdón: Nicolás Bravo

No todos los insurgentes respondieron a la crueldad de la guerra con más crueldad. En agosto de 1812, cerca del puerto de Veracruz, el joven oficial insurgente Nicolás Bravo tenía bajo su custodia a unos 300 prisioneros realistas capturados en combate. Pocos días antes, su propio padre, Leonardo Bravo, había sido fusilado por las autoridades virreinales, que le habían ofrecido perdonarle la vida a cambio de que su hijo depusiera las armas —una oferta que Nicolás Bravo, en plena angustia, decidió no aceptar—. El propio Morelos, al enterarse de la ejecución de Leonardo Bravo, ordenó a Nicolás que fusilara a los 300 prisioneros españoles en represalia, como era costumbre de guerra en ambos bandos en esa etapa del conflicto.

Nicolás Bravo hizo exactamente lo contrario: liberó a los 300 prisioneros. Según relató él mismo tiempo después al historiador Lucas Alamán, su intención fue marcar una diferencia moral explícita entre la causa insurgente y lo que consideraba la barbarie del régimen colonial. El episodio, ocurrido en lo que hoy es el municipio de Medellín de Bravo —nombrado así en su honor—, le valió el apodo de “el héroe del perdón” y quedó como uno de los pocos gestos de clemencia deliberada documentados en una guerra que, en general, fue extraordinariamente brutal de ambos lados.

VI. El fraile fugitivo y el expedicionario extranjero

La insurgencia mexicana no dependió solo de combatientes dentro del país: también tuvo agentes en el extranjero, gestionando apoyo diplomático, financiero y militar. Uno de los más persistentes fue fray Servando Teresa de Mier, un dominico nacido en Monterrey en 1763, desterrado de la Nueva España desde 1794 por poner en duda públicamente la versión oficial de las apariciones guadalupanas, y que pasó buena parte de su vida adulta entrando y saliendo de cárceles europeas, escapándose de ellas en al menos siete ocasiones documentadas. Durante su exilio en Londres, fray Servando entró en contacto con Francisco Javier Mina, un militar navarro de convicciones liberales que había combatido contra la ocupación francesa en España y que, tras un intento fallido de levantamiento contra el absolutismo de Fernando VII, se había refugiado también en Inglaterra.

Convencido por fray Servando de que la causa de la libertad en México era, en el fondo, la misma causa liberal que él había defendido en España, Mina organizó desde 1816 una expedición armada con apoyo de comerciantes ingleses y emigrados sudamericanos. Zarpó hacia Estados Unidos, estableció una base logística en Galveston, y el 15 de abril de 1817 desembarcó en Soto la Marina, en la costa de Tamaulipas, al frente de varios cientos de hombres. Avanzó tierra adentro, se apoderó de setecientos caballos destinados al ejército realista, y el 24 de junio de ese año unió sus fuerzas a las del insurgente Pedro Moreno en la región del Bajío. La campaña de Mina fue breve pero intensa: apenas unos meses después, en octubre de 1817, fue derrotado y capturado en el rancho de El Venadito, cerca de Guanajuato. Fue fusilado el 11 de noviembre de 1817 en el Cerro del Bellaco, frente al fuerte insurgente de los Remedios, ejecutado por la espalda como traidor a la corona que alguna vez había servido. Tenía 28 años. Fray Servando, capturado también tras el desembarco, fue enviado a la cárcel de la Inquisición, de la que —fiel a su historial— también terminaría escapando.

VII. Los años del reflujo: 1815-1820

Tras la muerte de Morelos, y con la insurgencia visiblemente debilitada, el gobierno virreinal creyó que la guerra estaba prácticamente ganada. En España, mientras tanto, Fernando VII había regresado al trono en 1814 tras la derrota de Napoleón, y en lugar de jurar la Constitución liberal de Cádiz de 1812 —que había limitado los poderes de la monarquía—, firmó el 4 de mayo de ese año el llamado Decreto de Valencia: derogó la Constitución, disolvió las Cortes, ordenó el arresto de los diputados liberales y restauró el absolutismo puro. Ese periodo, conocido como el Sexenio Absolutista, se extendió hasta 1820 e implicó una represión sistemática contra cualquier forma de liberalismo, tanto en la península como en las colonias, lo que endureció también la persecución contra los insurgentes americanos.

En México, sin Hidalgo, sin Morelos y con Mina fusilado, la resistencia se redujo a guerrillas dispersas y cada vez más aisladas. Vicente Guerrero, en las montañas del actual estado que lleva su nombre, siguió combatiendo sin apoyo exterior significativo. Guadalupe Victoria —nombre adoptado por José Miguel Fernández Félix en honor a la Virgen de Guadalupe y como declaración de intenciones— sostuvo desde 1814 una guerra de guerrillas en las montañas de Veracruz, hostigando el camino real entre Xalapa, el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Hacia 1817 fue abandonado por buena parte de su tropa y tuvo que esconderse solo en la selva, enfermo y hambriento, viviendo de raíces y de lo que encontraba en el monte. En 1819 se le dio por muerto: durante meses no se tuvo noticia alguna de él. No reapareció en la vida pública hasta 1820. Fue, en el sentido más literal, un hombre que sobrevivió la guerra escondido, solo, en las montañas, sin más compañía que su propia obstinación.

VIII. El giro: cuando los enemigos se hicieron socios

El desenlace de la guerra, otra vez, llegó desde España. En 1820, un pronunciamiento militar liberal encabezado por el coronel Rafael de Riego obligó al rey Fernando VII a jurar de nuevo la Constitución liberal de Cádiz de 1812, dando inicio al llamado Trienio Liberal. Esa constitución recortaba privilegios tradicionales de la Iglesia y de los sectores conservadores, tanto en España como en sus colonias. El efecto en la Nueva España fue paradójico: empujó hacia la independencia a un sector que hasta entonces la había combatido con firmeza. Criollos y peninsulares conservadores, que veían en esas reformas liberales una amenaza directa a sus privilegios económicos y eclesiásticos, empezaron a preferir un México independiente y conservador antes que seguir atados a una España liberal que les resultaba, de pronto, más amenazante que la propia insurgencia.

Uno de los oficiales realistas encargados de combatir a los insurgentes, Agustín de Iturbide, entendió ese cambio de ánimo con notable rapidez. Había combatido activamente a los seguidores de Hidalgo desde 1810 y, durante años, fue uno de los militares más eficaces del ejército virreinal contra la guerrilla del sur. En 1821 decidió cambiar de bando por completo. En lugar de seguir combatiendo a Vicente Guerrero, le propuso una alianza. El 10 de febrero de 1821, ambos se reunieron en el poblado de Acatempan, en un encuentro que la memoria histórica bautizó como el “Abrazo de Acatempan”: el símbolo de que insurgentes y antiguos realistas dejaban de matarse entre sí para unir fuerzas contra un enemigo común, la propia España.

Dos semanas más tarde, el 24 de febrero de 1821, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, un documento de veintitrés artículos construido sobre tres principios —las “Tres Garantías”—: Religión, Independencia y Unión entre americanos y europeos residentes en el país. Para defender esas garantías se creó el Ejército Trigarante, bajo una nueva bandera tricolor que sería la semilla de la actual bandera mexicana. El plan tuvo un éxito casi inesperado: ciudades y regiones enteras se fueron sumando sin apenas resistencia, incluidos antiguos comandantes realistas que veían más conveniente unirse que seguir combatiendo una causa ya perdida. El 24 de agosto de 1821, en Córdoba, Veracruz, Iturbide se reunió con Juan O’Donojú, el último jefe político enviado por España para gobernar la Nueva España, y firmaron los Tratados de Córdoba: diecisiete artículos que reconocían formalmente la independencia del país, ahora bajo el nombre de “Imperio Mexicano”.

El 27 de septiembre de 1821 —un día después de que Iturbide cumpliera 38 años— el Ejército Trigarante, con unos 16,000 hombres, entró de manera solemne y pacífica a la Ciudad de México. Una multitud de todas las clases sociales, con distintivos tricolores prendidos en el pecho, esperaba su llegada desde temprano. El ejército marchó por Bucareli, dio la vuelta por la calle del Calvario, cruzó Corpus Christi junto a la Alameda, pasó frente al convento de San Francisco y avanzó por la calle de Plateros. Los balcones de las casas más ricas lucían colgaduras con los colores de la nueva bandera. En la esquina del convento de San Francisco, bajo un arco triunfal levantado para la ocasión, Iturbide se apeó de su caballo. Los regidores del Ayuntamiento le entregaron las llaves de la ciudad entre aplausos, marchas militares, salvas de artillería y el repique simultáneo de las campanas de todas las iglesias de la capital. Al día siguiente, el 28 de septiembre de 1821, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, el documento que cerró, formalmente, once años de guerra.

IX. Lo que el mundo estaba mirando

Esta guerra no ocurrió en una burbuja. Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer formalmente la independencia mexicana, el 12 de diciembre de 1822, aunque ese reconocimiento tuvo condiciones desde el principio. En 1822, el diplomático estadounidense Joel Roberts Poinsett —quien años después se convertiría en el primer embajador formal de su país en México— visitó el territorio y publicó a su regreso Notes on Mexico, un relato detallado de la sociedad, la política y la economía del país recién independizado, en el que documentó tanto su simpatía por la causa republicana como su escepticismo ante la inestabilidad institucional que ya se percibía. Los diplomáticos estadounidenses en la región esperaban que del proceso mexicano surgiera un gobierno “democrático y federativo”, a imagen de su propia experiencia, y vieron con desconfianza el giro hacia una monarquía cuando Iturbide se coronó emperador en 1822. Esa mezcla de apoyo y vigilancia anticiparía, un año después, la Doctrina Monroe, que convertiría a Estados Unidos en el autoproclamado guardián de toda la independencia americana frente a cualquier intento europeo de reconquista.

El explorador británico William Bullock llegó a México en 1823, apenas dos años después de consumada la independencia, y pasó seis meses recorriendo el país. A su regreso a Londres organizó dos exposiciones sobre México —una dedicada al pasado prehispánico y otra al presente del país recién nacido— que abrieron en el Egyptian Hall en abril de 1824 y se mantuvieron abiertas, con notable éxito de público, durante más de un año. Sus relatos, junto con los de Poinsett, forman parte de las primeras miradas extranjeras detalladas sobre el país tras la ruptura con España, y muestran una mezcla de fascinación genuina por sus recursos naturales y desconcierto ante la fragilidad política del nuevo Estado.

Centroamérica vivió una relación todavía más directa con este proceso. El 15 de septiembre de 1821, Guatemala proclamó la independencia de Centroamérica respecto de España. La fragmentación territorial y la cercanía de la división militar mexicana llevaron a que, entre 1821 y 1822, decenas de ayuntamientos centroamericanos votaran su anexión al recién nacido Imperio Mexicano. De 147 cabildos consultados, 104 aceptaron la unión sin condiciones —aunque San Salvador se mantuvo en franca rebelión hasta 1823 y Costa Rica vivió una breve guerra civil interna entre facciones a favor y en contra de la anexión. Cuando el imperio de Iturbide colapsó, Centroamérica aprovechó el vacío de poder para separarse definitivamente y formar su propia confederación de estados.

Más al sur, Simón Bolívar, en plena campaña libertadora sudamericana, envió en 1821 una carta a Iturbide celebrando “con placer los triunfos de las armas” que conducían a la independencia mexicana, y llegó a enviar a un representante, Miguel Santamaría, para estrechar relaciones diplomáticas entre la naciente Colombia y México. Bolívar admiraba abiertamente la hazaña militar de Iturbide, aunque desconfiaba profundamente del camino monárquico que México había elegido, consciente de que tarde o temprano el país pasaría del imperio a una república federal, una transición que él mismo desaconsejaba para las jóvenes naciones sudamericanas por temor a la inestabilidad que podía generar.

En España, las primeras noticias sobre la insubordinación de Iturbide llegaron a la península el 4 de junio de 1821, desatando de inmediato el debate en las Cortes del Trienio Liberal. España, sumida en su propia crisis política interna y sin recursos militares ni financieros para sostener una campaña de reconquista al otro lado del Atlántico, se vio obligada a asumir, en la práctica, la pérdida de su colonia más rica, aunque tardaría años —y varios intentos frustrados de reconquista, como el desembarco realista en el fuerte de San Juan de Ulúa en 1825— en aceptarlo formalmente en el papel.

X. El después: independencia sí, estabilidad no

La fiesta duró poco. El país que nacía en 1821 estaba, literalmente, en bancarrota: once años de guerra habían destruido minas, campos y rutas comerciales; muchos españoles ricos habían huido llevándose su capital; las nuevas autoridades heredaron una deuda enorme sin un sistema fiscal capaz de pagarla. Agustín de Iturbide se proclamó emperador en 1822, pero su gobierno duró menos de un año: la falta de dinero, su gusto por el boato de las cortes europeas en un país en ruinas, y la desconfianza de antiguos aliados —el propio Guerrero incluido— lo obligaron a abdicar en 1823. Fue fusilado al año siguiente, al intentar regresar al país tras un breve exilio.

Vicente Guerrero llegaría después a ser el segundo presidente de México, entre 1829 y 1830, y el primer presidente afrodescendiente del país en toda América. En un gobierno de apenas ocho meses logró algo que Hidalgo y Morelos solo habían podido proponer en papel: decretó la abolición de la esclavitud en México, casi cuatro décadas antes que Estados Unidos. Fue depuesto por un golpe militar y fusilado en 1831, traicionado por un capitán italiano contratado para entregarlo. Guadalupe Victoria, el hombre que había sobrevivido años escondido en las montañas de Veracruz, se convirtió en 1824 en el primer presidente de la República mexicana, y fue el único de los grandes protagonistas de esta historia que logró completar su periodo de gobierno sin ser derrocado ni ejecutado.

Lo que siguió, de cualquier forma, fue casi tres décadas de inestabilidad crónica: entre 1821 y 1851, México tuvo más de veinte gobernantes distintos, entre presidentes, juntas y hombres fuertes que llegaban al poder por la vía de un golpe militar. La independencia había resuelto el problema de quién gobernaba desde fuera, pero dejó sin resolver una pregunta todavía más difícil: quién y cómo debía gobernar desde dentro.

XI. Lo que quedó escrito

Once años, miles de vidas, dos proyectos constitucionales que nunca llegaron a aplicarse del todo —los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán— y un puñado de nombres que la historia oficial recuerda de manera muy desigual: unos en los billetes y las estatuas, otros apenas mencionados al pie de página, algunos casi olvidados salvo por el nombre de un municipio o una calle. Un cura que se jugó la vida al tocar una campana. Un teólogo convertido en estratega militar que escribió, en 23 puntos, la idea de que ningún americano debía valer más que otro por el color de su piel. Un arriero afromexicano que llegó a la presidencia y abolió la esclavitud. Un joven que, en pleno duelo por su padre fusilado, decidió perdonar a 300 enemigos en lugar de vengarse. Un fraile que se escapó de la cárcel siete veces por la misma causa. Un liberal español que cruzó el Atlántico para combatir, con las armas, al mismo rey al que alguna vez había servido. Un hombre que pasó años escondido y hambriento en la selva, dado por muerto, hasta convertirse en el primer presidente de una república que apenas empezaba a existir. Mujeres que financiaron, escondieron, combatieron y murieron sin que sus nombres cupieran en el Grito que se repite cada 15 de septiembre. Un militar que combatió a la insurgencia durante una década y terminó firmando su acta de nacimiento, para después perder la vida a manos de la misma república que había ayudado a fundar.

Nada de esto estuvo libre de contradicción, de violencia, de ambición personal disfrazada de causa nacional. La independencia de México no fue una epopeya limpia ni una marcha heroica sin fisuras: fue, como casi todas las guerras que fundan países, una mezcla de idealismo genuino, cálculo político, venganza personal, actos aislados de una clemencia casi inexplicable en medio del horror, y sacrificio real. Contarla tal como fue —con todos sus matices, sin agrandarla ni reducirla— es la manera más honesta de entender por qué, cada 15 de septiembre, millones de personas siguen repitiendo un grito que nació de una campana de pueblo, en la madrugada de un día cualquiera de 1810.

Fuentes consultadas

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